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Ecologistas denuncian que el derribo ilegal es casi imposible con la nueva regulación

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La asociación de Ecologistas en Acción asegura que esta nueva regulación en lo referente al derribo de viviendas ilegales es tan costosa y trabada que hace muy complicado proceder a la demolición de los inmuebles declarados como ilegales.

El pasado 1 de octubre el Senado aprobó la modificación de una ley que ha sido muy criticada por la asociación de Ecologistas en Acción basándose en que esta nueva regulación hace casi imposible el echo de ejecutar las sentencias de derribos de construcciones ilegales. Esto se debe a que esta modificación de la ley exige innumerablesUna maquina quitando los escombros de un derribo ilegal condiciones antes de proceder al derribo, haciendo muy complicada ejecutar la demolición de la construcción.

La asociación justifica estos hechos y recuerda que las irregularidades en las licencias de construcción pueden denunciarse en los juzgados aunque el proceso es tan trabado que una sentencia firme puede llegar a tardar como mínimo 5 años. Mientras esto sucede las obras en la construcción pueden seguir progresando o incluso la construcción en sí puede llegar a ser habitada o venderse. Además Ecologistas en Acción asegura que aún con todas las trabas descritas alguien decide a denunciar una legalidad urbanística y llega a conseguir una sentencia firme que lo respalde sobre una construcción ilegal autorizada, ha de enfrentarse a la ejecución de dicha sentencia al mismo tiempo que presenta un incidente de ejecución. Esta gestión puede llegar a prorrogarse incluso más que dicho recurso y eso sin contar con que las administraciones suelen en ocasiones adaptar las normas para convertir lo ilegal en legal.

Por tanto, con esta nueva regulación no bastará con la sentencia de derribo por ilegalidad, sino que el proceso se amplia teniendo que ordenar la demolición de la construcción y la reforma para lograr su estado original. Si todo ese proceso no se cumple no se hará efectivo el derribo. Lo que significa que para derribar un recinto ilegal en el que preceda una orden de demolición es necesario asegurar la indemnización a terceros con anterioridad y en los casos en los que no se consigan las garantías exigidas no se procederá al derribo, lo que lo hace prácticamente imposible.

Por este motivo se establece como medida obligatoria la fianza previa a la demolición para proteger el derecho probado de aquellos propietarios que actuaron supuestamente con buenas intenciones en lo referente a la ilegalidad de los inmuebles. Un hecho que denuncian desde Ecologistas en Acción justificando que esta situación perjudica a todos, ya que, si una edificación es declarada ilegal es porque perjudica al interés colectivo.

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