El pasado 29 de agosto, en el municipio de Jaén de Espeluy, se ha dado un caso en el que el cuerpo de la Guardia Civil dedicado al Servicio de Protección de la Naturaleza, localizó a tres obreros que se encontraban realizando trabajos de desescombro acompañados de una máquina excavadora. Al acercarse la patrulla de la Guardia Civil encontraron un camión, el cual, contenía una gran cantidad de placas de Uralita en su interior, lo que dejaba claros indicios de que esos operarios estaban realizando un trabajo de retirada de fibrocemento, el cual contiene fibras de amianto en su interior.
Tras esto, la Guardia Civil localizó al representante de la empresa que estaba gestionando la retirada de fibrocemento para comprobar si disponían de las licencias necesarias para dicho desimantado, a lo cual, este operario respondió negándolo. Al mismo tiempo, los agentes procedieron a realizar al resto de operarios si disponían de licencia para la manipulación de materiales con amianto, como la Uralita, o si habían realizado al menos algún tipo de cursillo para dicho trabajo y todos ellos respondieron que no. Igualmente, el vehículo con el que se disponían a gestionar la retirada del amianto carecía de las medidas mínimas necesarias para que estas fibras se dispersen por los alrededores.
Tras dichos hechos, los agentes de la Guardia Civil tomaron las muestras necesarias para el posterior análisis del material en el Laboratorio de Criminalística de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil, donde confirmaron que el material contenía amianto y, por tanto, la empresa que desempeñaba el trabajo estaba cometiendo un delito de retirada de fibrocemento de modo ilegal.
Una vez comprobado el delito la Guardia Civil realizó la denuncia por la vía penal a la empresa que realizaba el trabajo de retirada de fibrocemento ilegal, al mismo tiempo que se dio parte a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Jaén y a la Delegación Territorial de Ciencia, Industria y Trabajo para que del mismo modo gestionen la denuncia medioambiental.
Las sanciones a las que ahora se enfrenta esta empresa de construcción son muy severas y pueden oscilar entre los 30.000 y los 600.000 euros por un delito contra la salud. Además de la sanción económica, esta empresa de Jaén puede enfrentarse al cierre definitivo por vía judicial.
Desde Gestión Integral de Amianto siempre recomendamos contar con profesionales especializados para la retirada de Fibrocemento, ya que, las sanciones impuestas por la ley son realmente severas y pueden suponer un grave problema judicial.
Si hubieran transcurrido 3 años desde que se produjo la manipulación del amianto de manera indebida y el organismo responsable no se hubiera hecho eco de las denuncias presentadas contra los infractores,¿que recurso cabria?.
Buenas tardes. Esa consulta corresponde más al ámbito jurídico. Donde te sabrán responder con exactitud.